Economía | Laboral
Sánchez Aguión: «Pretenden encarcelar a los que luchan por el trabajo digno y con derechos»
CCOO lamenta la sentencia que condena a un miembro del sindicato por participar en un piquete informativo y anuncia que va a recurrir la resolución judicial
3-7-2012.- El Sindicato Nacional de CC OO de Galicia denunció esta mañana la sentencia que condena a tres años y un día de prisión al secretario comarcal de FECOHT-CCOO en Pontevedra, Carlos Búa.
Los hechos juzgados, supuestamente tuvieron lugar el 27 de noviembre de 2009, en el transcurso de la huelga del comercio de alimentación en la provincia. CCOO va a recurrir la resolución judicial.
En la comparecencia ante los medios de comunicación estuvieron el secretario general del Sindicato Nacional de CCOO de Galicia, Xosé Manuel Sánchez Aguión, el secretario general estatal de FECOHT-CCOO, Javier González, la secretaria general de FECOHT-CCOO de Galicia, Isabel Castaño, el secretario de Comunicación de la Unión Comarcal de CCOO de Pontevedra, Eusebio Justo, y el propio Carlos Búa.
El secretario general de CCOO de Galicia explicó que la sentencia ratifica las tesis de la Fiscalía y condena a Búa a tres años y un día de prisión, multa de 1.805 € y pago de un tercio de las costas judiciales. Otros dos sindicalistas fueron juzgados y condenados en idénticos términos.
Según el relato del ministerio público, el responsable comarcal de FECOHT-CCOO en Pontevedra y otros dos acusados entraron en un establecimiento para requerir a las trabajadoras el cierre y desalojo, advirtiendo de que llegarían más personas en el caso de no hacerlo. Posteriormente, entró un segundo grupo de personas, cuya actuación estaría coordinada con la de los acusados, afirman tanto la fiscalía como la sentencia, que les imputan un delito «contra los derechos de los trabajadores».
Sánchez Aguión negó que ese segundo grupo tuviera algo que ver con el piquete informativo del que formaban parte los acusados. «Era un piquete diferente que no tenía nada que ver con nosotros», insistió Aguión, quien criticó varios «defectos» de la sentencia. La primera, que se emitió el mismo día del juicio, el pasado 26 de junio, algo «sorprendente, habida cuenta el considerable retraso de nuestros tribunales».
Otra, la pretensión de desacreditar las testigos favorables a los acusados, incluyendo una trabajadora del citado establecimiento. Por último, la «desproporción» de la pena impuesta.
Para Sánchez Aguión, este tipo de sentencias sólo procuran una cosa: «coartar derechos y amedrentar». El secretario general de CCOO la situó en la misma línea que la reciente sentencia condenatoria al secretario comarcal de Industria en Vigo por su implicación en la pasada huelga del metal. El dirigente sindical consideró que también forman parte de la misma estrategia las «numerosas y cuantiosas» multas que aún hoy están recibiendo personas que participaron en la huelga general del 29 de marzo.
Aguión manifestó su «preocupación» por la situación, especialmente en la provincia de Pontevedra, y criticó el papel desempeñado tanto por la Subdelegación del Gobierno como por la policía, «cuyas identificaciones y posteriores denuncias son las que posibilitan juicios con este tipo de sentencias».
El responsable estatal de FECOHT-CCOO, Javier González, que también intervino en la rueda de prensa, afirmó que se trata de la sentencia «más absurda» que vio nunca, y denunció una doble vara de medir: «aún no hemos visto que fueran enjuiciados los empresarios que amenazan y coaccionan, vulnerando así derechos laborales y sindicales». Por esto, y por la «desproporción de las penas», afirmó que el caso debe ser desestimado.
Por su parte, Carlos Búa reivindicó el papel de CCOO. «Seguiré defendiendo los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores, porque es el deber de mi organización, y este papel es aún más necesario en la situación actual».
Santiago de Compostela, 3 de julio de 2012
Los hechos juzgados, supuestamente tuvieron lugar el 27 de noviembre de 2009, en el transcurso de la huelga del comercio de alimentación en la provincia. CCOO va a recurrir la resolución judicial.
Según el relato del ministerio público, el responsable comarcal de FECOHT-CCOO en Pontevedra y otros dos acusados entraron en un establecimiento para requerir a las trabajadoras el cierre y desalojo, advirtiendo de que llegarían más personas en el caso de no hacerlo. Posteriormente, entró un segundo grupo de personas, cuya actuación estaría coordinada con la de los acusados, afirman tanto la fiscalía como la sentencia, que les imputan un delito «contra los derechos de los trabajadores».
Otra, la pretensión de desacreditar las testigos favorables a los acusados, incluyendo una trabajadora del citado establecimiento. Por último, la «desproporción» de la pena impuesta.
Aguión manifestó su «preocupación» por la situación, especialmente en la provincia de Pontevedra, y criticó el papel desempeñado tanto por la Subdelegación del Gobierno como por la policía, «cuyas identificaciones y posteriores denuncias son las que posibilitan juicios con este tipo de sentencias».
Por su parte, Carlos Búa reivindicó el papel de CCOO. «Seguiré defendiendo los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores, porque es el deber de mi organización, y este papel es aún más necesario en la situación actual».
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