UGT y CCOO consideran que la reforma de la negociación colectiva fortalece el poder empresarial en perjuicio de los derechos de los trabajadores

UGT y CCOO denuncian que el Real Decreto-Ley 7/2011 de medidas urgentes para la reforma de la negociación colectiva, que entró en vigor el pasado 11 de junio y que será convalidado mañana por el Congreso de los Diputados, incide en los aspectos más regresivos de la reforma laboral, contra la que ambos sindicatos ha presentado una Iniciativa Legislativa Popular avalada con más de un millón de firmas. En un documento conjunto, las organizaciones sindicales valoran el mantenimiento de la ultraactividad pero manifiestan que la reforma planteada por el Gobierno mejora el margen de actuación del empresario en materias como el tiempo de trabajo y la movilidad funcional, y no avanza en la participación de los representantes de los trabajadores en estas decisiones de flexibilidad interna. Todo ello constituye un desequilibrio más a favor del empresario en las relaciones laborales.

Para ambos sindicatos las reformas legales operadas a espaldas de la voluntad de las organizaciones sindicales y empresariales están abocadas al fracaso, y sólo los acuerdos alcanzados entre estas organizaciones podrán dar efectividad a los objetivos dispuestos por los poderes públicos, máxime cuando afecta a una materia consustancialmente propia de las organizaciones sindicales y empresariales, como es el caso de la negociación colectiva, algo que ha sido reconocido en nuestra etapa constitucional, sin que lo dispuesto en la Ley 35/2010, sea justificación suficiente para tal imposición, ya que no se pueda dejar en el olvido otros mandatos de reformas legales que se han dilatado “sine die” en el tiempo.

CCOO y UGT consideran que la apuesta que hace el Real Decreto-Ley por la prevalencia aplicativa del convenio de empresa sobre el convenio sectorial en materias básicas como el salario, salvo pacto en contrario del convenio sectorial estatal o autonómico, entre otras, posibilita que en el ámbito de empresa se pueda regular a la baja las condiciones de trabajo, lo que va a generar un grave quebranto para los trabajadores y trabajadoras y para la cohesión de las empresas del sector al facilitar que éstas compitan en debilitar las condiciones de trabajo y salarios de sus respectivos trabajadores. Denuncia también que se siga dando alas a los convenios “franja”, porque este ámbito es un espacio de negociación que favorece intereses corporativos de grupos de trabajadores de una empresa en detrimento del interés general.

Ambos sindicatos rechazan el hecho de que el Real Decreto-ley imponga a las partes un arbitraje vinculante que, de manera forzosa, deberá resolver las divergencias durante la negociación de los convenios cuando se haya superado el plazo máximo de negociación que establece el RD-Ley, lo que lo convierte en inconstitucional por razón de los contenidos, operando sólo el carácter voluntario del arbitraje, si a partir de la entrada en vigor del RD-Ley, las organizaciones empresariales y sindicales de cada ámbito territorial, modifican los actuales sistemas de solución de conflictos, para de forma expresa, establecer su carácter voluntario.

UGT y CCOO consideran que la reforma emprendida hace una apuesta decidida por la flexibilidad interna de las empresas mejorando las expectativas empresariales a disponer de un mayor margen de actuación discrecional en materias como el tiempo de trabajo y la movilidad funcional, sin mejorar la posición de los representantes de los trabajadores en cuanto a la participación en estas decisiones de flexibilidad interna, lo que constituye un desequilibrio más a favor del empresario en las relaciones laborales.

Para ambos sindicatos el Real Decreto-Ley 7/2011 incide en los aspectos regresivos de la reforma laboral, en materia de negociación colectiva, fortaleciendo el poder de dirección empresarial en perjuicio de los derechos de los trabajadores a través de sus representantes legales, por lo que trasladarán a los grupos parlamentarios las alegaciones sindicales para que, durante la tramitación parlamentaria del anunciado proyecto de ley, se corrijan los contenidos más regresivos y no cedan a las presiones empresariales para eliminar la ultraactividad de los convenios y aumentar la discrecionalidad empresarial en los “descuelgues salariales” y la modificación de las condiciones de trabajo colectivas.