ALBERTO SÁNCHEZ* Por Experiencia
Las empresas que conocemos como grandes almacenes a pesar de la crisis han seguido obteniendo beneficios. Los datos económicos indican que desde el inicio de esta mal llamada crisis, su crecimiento ha sido de 10 puntos. Han seguido ampliando cuota de mercado y, sin embargo, no han creado empleo: en los últimos cinco años han destruido más de 80.000 puestos de trabajo. No contentos con eso, la patronal ha negociado un convenio con los sindicatos amarillos que, como veremos, va a perjudicar muy seriamente la salud de los trabajadores y trabajadoras.
A la Asociación de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) no le han dolido prendas y aprovechándose de que el Pisuerga pasa por Valladolid y con el apoyo de sindicatos que no defienden los intereses de los trabajadores (FASGA y FETICO), además de meter la mano en el bolsillo de empleados y empleadas, transformando en jornada ordinaria lo que anteriormente se pagaba como trabajo en festivos, no han tenido reparos en modificar de forma sustancial las condiciones laborales, planteando cambios en la organización del trabajo claramente nocivos para la salud de los trabajadores y trabajadoras.
FETICO y FASGA, sindicatos sometidos y cómplices de la patronal, han ratificado con su firma la renuncia a derechos conseguidos durante más de treinta años de lucha, renuncia a salarios y renuncia a condiciones de trabajo con el consiguiente perjuicio para la salud física y mental de los trabajadores y trabajadoras. El resultado de esta “negociación” hace retroceder a los trabajadores y trabajadoras del sector a épocas ya superadas y les sitúa en una realidad que por desgracia van a tener que padecer, si las movilizaciones convocadas por CCOO no lo remedian, por mucho tiempo.
El convenio estará vigente hasta 2016, pero la patronal no va a soltar “la presa” conseguida, si no se la obliga. Con el nuevo convenio, la patronal consigue su objetivo: que el interés económico de la empresa prime sobre la seguridad y la salud en el trabajo, multiplicando exponencialmente las posibilidades que la empresa tiene para aumentar los riesgos psicosociales derivados de prácticas empresariales nocivas en la organización del trabajo.
Movilidad geográfica
Con este convenio, la empresa puede obligar a la movilidad geográfica de los trabajadores y trabajadoras por cuestiones económicas, sin tener en cuenta las características individuales del trabajador o la trabajadora amenazada. Vivir pendiente de un posible traslado desestabilizará emocionalmente a un buen número de trabajadores y trabajadoras que van a ver cómo se deteriora su salud mental. Ya estamos viendo un incremento de las situaciones de ansiedad y estrés entre el personal de los grandes almacenes que han visto de la noche a la mañana cómo cambian sus condiciones de trabajo sin poder hacer nada. Sabemos por estudios anteriores que la sensación de impotencia y de nulo control sobre la organización de la vida laboral es una de las exposiciones nocivas que más predicen patologías mentales como la depresión y la ansiedad, y físicas como los trastornos gastrointestinales o los accidentes cardiovasculares.
Intensificación del trabajo
El aumento de jornada anual y el ajuste a la baja y cada vez más intenso de las plantillas supondrán mayor desgaste físico, una reducción de los tiempos de descanso y una mayor carga de trabajo que va a provocar una mayor incidencia de las lesiones musculoesqueléticas, junto a las patologías físicas y psíquicas ya mencionadas. El aumento de la jornada produce una merma del valor de la hora de trabajo con efectos no solo en la economía de las familias, sino en la autovaloración de las trabajadoras y trabajadores, la satisfacción por el trabajo y la autoestima.
El convenio también facilita la polivalencia y movilidad funcional, al posibilitar que un trabajador o trabajadora deba atender, en un mismo espacio de tiempo, las funciones que corresponden a distintos grupos de trabajo e incluso distintas áreas. Otro factor que incidirá, sin duda, en un incremento en la exposición a riesgos psicosociales. La necesidad de utilizar distintos equipamientos de protección individual propiciará que se utilicen con menos asiduidad o incluso que no se utilicen, aumentando con ello la exposición a riesgos y accidentes.
Doble presencia
Otro de los factores de riesgo derivados del nuevo convenio que más va a incidir negativamente en la seguridad y la salud de los trabajadores y trabajadoras del sector será la desregulación horaria y de jornada. El convenio facilita una flexibilidad salvaje, que no permitirá que el trabajador o trabajadora conozca con la suficiente antelación sus turnos, sus horarios, sus descansos, el periodo del disfrute de vacaciones, etc. Todas estas cuestiones vitales para conciliar la vida personal y laboral pueden ser comunicadas por la empresa con tan solo siete días de antelación, estando permitido incluso reducir este periodo mínimo a criterio del empresario. Los trabajadores y trabajadoras no podrán organizar su vida familiar ni social al no conocer con la necesaria antelación su disponibilidad de tiempo libre y esto producirá estrés, inseguridad y ansiedad, con las consiguientes patologías físicas y psíquicas.
Llueve sobre mojado
Todos estos cambios se producen en un sector donde trabajadores y trabajadoras viven silenciados, con ninguna participación en la organización del trabajo y donde la mayoría de las empresas ni tan siquiera ha diseñado una política de prevención real y eficaz. Se limitan a realizar actuaciones burocráticas exigidas legalmente, pero siguen sin hacer evaluaciones reales de la exposición a riesgos, sin fijar objetivos sinceros en materia de prevención, sin asignar recursos humanos ni económicos suficientes, sin diseñar estrategias preventivas y sobre todo –y esto es especialmente grave– sin contar con la participación de los trabajadores y trabajadoras, limitándose a recibir el parabién de los representantes de los trabajadores salidos de las listas impuestas por las empresas.
Las empresas se niegan por sistema a negociar aquellos elementos más importantes de la prevención que harían de la misma una herramienta eficaz para erradicar los riesgos del ámbito laboral, accediendo, como mucho, a discutir cuestiones puntuales que no resuelven los problemas, y que solo vienen a paliar las consecuencias más escandalosas de los riesgos no evitados ni prevenidos. La vigilancia de la salud es la gran olvidada, pretendiendo, en casi todos los casos, hacernos valer como tal práctica preventiva los simples reconocimientos médicos genéricos sin ningún valor preventivo.
En un sector especialmente feminizado, y en el que la precariedad en el empleo es cada día más pronunciada y donde los riesgos para la salud mental son cada vez mayores, es fundamental dar participación a los trabajadores y trabajadoras o en su defecto a sus representantes legales en todas las cuestiones relacionadas con la organización del trabajo, no pudiendo quedar la misma a merced de lo que las circunstancias productivas demanden.
Desde nuestra federación, junto con todas nuestras organizaciones territoriales, se están realizando múltiples y diversos tipos de movilizaciones para tratar de frenar la agresión sin precedentes que supone este convenio. Asambleas, concentraciones y manifestaciones, ahora, son más necesarias que nunca.
Y en este contexto, la prevención de riesgos laborales se articula como la mejor vía para el control y mejora de las condiciones de trabajo. Es preciso reforzar desde la acción sindical todas las medidas encaminadas a conseguir mejores condiciones laborales, si no queremos ver cómo la salud de las personas que trabajan en los grandes almacenes se deteriora a la misma velocidad vertiginosa con la que se han perdido los derechos conquistados en años de lucha.
* Alberto Sánchez es secretario de Salud Laboral de FECOHT-CCOO.
