LEI DO COMERCIO INTERIOR

La Xunta podrá multar al comercio con 50.000 euros por prácticas irregulares. Aprobada la nueva norma con el rechazo de PSOE y BNG, que creen que se renuncia a ordenar el sector

Ejercer una actividad comercial sin la correspondiente autorización, vender un artículo defectuoso sin que esté bajo la rúbrica de saldo, el dumpin o el incumplimiento del calendario de las rebajas son algunas de las prácticas comerciales que pueden ser sancionadas con una infracción grave y, como tal, ser castigadas con una multa de hasta 50.000 euros. Así lo recoge la nueva Lei do Comercio Interior de Galicia, que ayer aprobó el Parlamento tan solo con los votos del PP, pues tanto el PSdeG como el Bloque optaron por desmarcarse por entender que la nueva norma se ha hecho a la medida de los intereses de las grandes superficies.

El Gobierno de la Xunta puso especial empeño en marcar distancias con la anterior ley del bipartito al consagrar en el nuevo texto la libertad de los establecimientos para utilizar el gallego y el castellano en su rotulación. Mantiene también la necesidad de la autorización autonómica para las instalaciones comerciales de incidencia supramunicipal que tengan una superficie de explotación superior a los 2.500 metros cuadrados, reservando a los concellos la potestad para autorizar las aperturas de centros comerciales con un tamaño inferior.

Otros aspectos que regula la nueva normativa son los centros comerciales abiertos, los outlet, las ferias de oportunidades ocasionales, las promociones, los saldos, las rebajas, así como la venta ambulantes, a domicilio, por catálogo o mediante demostración.
Respecto a los outlet, la nueva normativa impone que, como mínimo, los productos expuestos tienen que estar rebajados en un 30%, mientras que la Xunta se reserva el derecho de fijar año a año el calendario de las rebajas, prohibiendo expresamente las promociones un mes antes de la fecha de inicio de este período.

De leves a muy graves
En cuanto a las infracciones (leves, graves y muy graves) serán sancionadas con multas que van desde el apercibimiento y 1.500 euros, para los casos leves, a otras de entre 1.500 y 50.000 euros para los casos graves, o de hasta un millón de euros para los casos muy graves.
El portavoz de comercio del BNG, Henrique Viéitez, justificó el desmarque de su grupo en que la norma renuncia a abordar «os retos de futuro» de un sector que emplea a 110.000 personas en Galicia y manifestó que el PP «se negou a exercer o papel regulador do comercio» por no racionalizar la implantación de las grandes superficies.
La socialista María Quintas abundó en que la ley elude hacer una «racionalización equilibrada das grandes superficies», a la vez que interpreta que la Xunta abandona completamente el comercio rural.
La portavoz de comercio del PP, Cristina Romero, contrapuso que la oposición «non ten un modelo» para el comercio y se excusó que si no se aceptaron enmiendas del PSOE y del BNG es porque el texto era «difícilmente mellorable». En todo caso, Romero incidió en que la normativa fue consensuada con el sector comercial.