Solo serán dos años de excepcionalidad, resaltó Gómez, porque el artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores que protege frente al encadenamiento abusivo de contratos temporales no se va a suprimir, y existe el compromiso de restaurarlo cuando venza el plazo. Desde 2006, cuando se trasladó a la legislación española un principio comunitario, hasta ahora mismo, un empleado que ha permanecido más de 24 meses de un periodo de 30 desempeñando la misma o diferente función en la misma empresa o en una sociedad del mismo grupo, y encadenado al menos dos contratos temporales, accede sin más trámites a la condición de fijo.
Consciente de que «la crisis no ha acabado», el Consejo de Ministros aprobó una reforma destinada a sacar a flote al colectivo laboral más joven, pero reconoce que una de las modificaciones más importantes, la libertad concedida a los empresarios para, en los próximos dos años, encadenar contratos temporales sin limitaciones, no aspira a la creación de más empleo, sino a que «no se destruya» el existente, incluso si es precario. «Prefiero un empleado temporal a un parado», admitió el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, en la conferencia de prensa posterior a la reunión del Gobierno en la que expuso los principales cambios.
El ministro enmarcó la reforma, con medidas que se prolongan durante dos años, en «momentos» en los que el mercado laboral prosigue su deterioro. No tomó en cuenta que otros miembros del Ejecutivo, incluido el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, han situado en la recta final de este año la expectativa de una «ligera» creación de empleo neto. Para el responsable de Trabajo, el problema requiere «medidas contundentes», dado su profundo calado.
El ministro explicó que las empresas, incluso las públicas, y hasta los ayuntamientos, cuando se ven en la obligación de convertir un contrato temporal en indefinido porque han apurado los límites vigentes, optan por concluir la relación laboral y contratan a un trabajador distinto. Los sindicatos extraen de esta dura realidad la conclusión contraria: abrir la mano, además de dejar en la indefensión total a cientos de miles de trabajadores temporales.
En el año 2006 se vivían tiempos de bonanza económica, insistió el ministro, y las circunstancias han cambiado. La evolución del mercado laboral en España resulta especialmente dramática para los más jóvenes, porque 1,6 millones de desempleados tiene menos de 30 años y la tasa de paro alcanza el 46,1% entre los menores de 25. Como además hay 700.000 trabajadores menores de 25 años que ni siquiera han obtenido el título de la ESO, se impone adoptar iniciativas que fomenten simultáneamente el empleo y la formación.
El otro cambio relevante aprobado por el Gobierno es un nuevo contrato de formación que, hasta el 31 de diciembre de 2013, puede tener como protagonistas a jóvenes sin cualificación profesional en edades comprendidas entre 16 y 30 años. Puesto que su duración se podrá extender a tres años, un trabajador podrá mantenerse en esta situación hasta los 33 años. «No es un contrato basura», se defendió el ministro.
El Gobierno siempre titubea cuando aborda la fiscalidad de los más ricos. Por eso decidió a última hora aparcar la iniciativa de elevar su contribución al presupuesto público, proyecto en el que los técnicos del Ministerio de Economía llevaban trabajando largo tiempo. «Si se hubiera abordado este tema en la reunión del Consejo de Ministros les hubiera informado de ello», zanjó el ministro Portavoz, José Blanco
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