29-07-2010. La votación definitiva en la Ponencia del Congreso de los Diputados del proyecto de Ley de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo se ha hecho sobre un texto que empeora el proyecto de Ley porque se avanza en la desregulación de derechos laborales, se hace más fácil, rápido y barato el despido y se aumenta la capacidad de decisión de los empresarios.En opinión de CCOO y UGT el texto definitivo, después de las enmiendas pactadas o consentidas entre los grupos parlamentarios conservadores y el grupo socialista, constituye el mayor ataque a los derechos laborales de los últimos 30 años y aunque cueste afirmarlo, "
este ataque se ha llevado a cabo de la mano de un gobierno socialista, jaleado para la ocasión por las organizaciones empresariales".
Y no es para menos: la reforma laboral finalmente aprobada en el Congreso de los Diputados, después de un pacto del PSOE con el PNV,
facilita a las empresas la extinción del contrato por razones económicas, técnicas, organizativas y productivas,
haciéndola más fácil, más rápida y más barata; muestra su ineficacia sobre la contratación temporal y hace más vulnerable el empleo fijo; dota de mayor poder discrecional al empresario en perjuicio de la negociación colectiva, derecho fundamental reconocido en nuestra Constitución como instrumento de ordenación de las relaciones laborales; legaliza las agencias privadas de colocación con ánimo de lucro atribuyéndole competencias propias de los Servicios Públicos de Empleo; ignora la necesidad de cambio de modelo productivo -imprescindible para enfrentar los problemas reales de la economía y del empleo: impulsar el empleo de calidad, la formación y la innovación- y apuesta por una competitividad basada en la reducción de los costes empresariales a costa de la reducción de derechos de los trabajadores.
En definitiva, lo aprobado hoy en el Congreso con
el único voto favorable del PSOE, la abstención de CiU, PNV y el Grupo Mixto, y el voto en contra de PP e IU, viene a profundizar los gravísimos efectos que ha provocado en los derechos de los trabajadores el Real Decreto Ley 10/2010, y
hace más necesaria si cabe la huelga general convocada por UGT y CCOO para el próximo 29 de septiembre, cuyo principal objetivo debe ser parar esta reforma y volver a la mesa de negociación para pactar una reforma del mercado de trabajo que priorice las políticas de empleo y formación destinadas a las personas desempleadas, incentive el empleo estable, combata la temporalidad y refuerce la función de intermediación de los Servicios Públicos de Empleo.
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